Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas acordaron el cierre de los prostíbulos y ciertamente fue una medida para aplaudir, pero detrás, por desgracia, no estaba velar por las víctimas de explotación de dichos prostíbulos sino por el miedo a que a través de ellos nos fuésemos contagiando el resto de la ciudadanía.
Muchos de nuestros pueblos y ciudades tienen a sus entradas unos carteles que dicen que en esos lugares no se toleran las agresiones sexistas. Sin embargo, a lo largo de nuestro país y en el entorno de esos pueblos y ciudades hay cientos de prostíbulos, así como pisos y clubes donde se explota sexualmente a miles de mujeres y niñas. ¿Se puede decir que se está libre de agresiones o que no se toleran éstas cuando se consiente y no se persigue la explotación que se está dando en ellos?
En el año 2015, con la modificación del art. 187 del Código Penal, se produjo una «despenalización de facto» del proxenetismo y, por tanto, se consiente por ley la explotación sexual y con ello la vulneración sistemática de derechos humanos y libertades fundamentales de miles de mujeres y niñas, atentando contra su dignidad e integridad como personas.
La prostitución es inequívocamente una forma de violencia sexual contra las mujeres. Asociaciones que llevan muchos años trabajando contra esta forma de agresión denuncian que estas mujeres, debido a la exposición a situaciones de violencia física (violencia sexual, golpes, torturas) y psicológica (amenazas, coacciones, humillaciones, insultos), desarrollan cuadros de ansiedad, angustia, estrés postraumático, depresiones y lesiones vaginales y anales, entre otras.
A pesar de todo esto, España es uno de los principales destinos de turismo sexual a nivel mundial al igual que Tailandia, Brasil o Indonesia. Vivimos en un Estado proxeneta ya que la explotación sexual de mujeres y niñas, 98% del total de personas en situación de prostitución, supone para el Estado al menos 4.100 millones de Euros (0,35% PIB) *.
La prostitución y la trata con fines de explotación sexual quizás no las percibimos como un atentado contra la dignidad y los derechos fundamentales de esas personas porque es una explotación que afecta fundamentalmente a mujeres (el 90%) que son de otros países (Nigeria, Rumanía, Paraguay, China, Brasil y República Dominicana), que viven en contextos de pobreza, especialmente vulnerables, quizás por eso no nos interesa tanto. Incluso podemos ser capaces de decir que es una “opción laboral” aunque ninguno de nosotros se la propondríamos a nuestras hijas, hermanas, madres… Y si además le unimos el gran negocio que hay detrás de esta explotación (8 millones de euros al día) también entenderemos un poco más por qué está normalizada y no actuamos para combatirla.
Por todo ello, exigimos:
- Que la sociedad se posicione y el estado vele por los derechos humanos en una relación de igualdad hombre-mujer donde se reconozca que comprar sexo es un crimen contra la dignidad humana.
- Que la prostitución sea abolida, considerándola una forma de esclavitud y violencia sexual, y que se penalice el proxenetismo y la compra de sexo.
- Que se adopten también medidas sociales para la protección, acogida y promoción de condiciones dignas e igualitarias para las supervivientes, itinerarios de inserción laboral y ayuda psicológica, disuasión de la demanda con las medidas necesarias para acabar con el proxenetismo y con la normalización de estas prácticas de explotación.
- Protección, prevención y educación afectivo-sexual desde la infancia, generando una conciencia de respeto hacia el otro y hacia la protección de los derechos humanos.
* Para poder calcularlo se usaron los informes sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual del Ministerio del Interior, los del plan integral de lucha contra la trata del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y “encuestas de hábitos sexuales” de asociaciones relacionadas con estos colectivos.
